Estimados Amigos:
Nunca he presentado en éste Blog ningún tipo de reflexion personal, excepto cuando el tema se trata de Loterias, o de aquello que afecta a los Administradores de Loterias, pero creo que el tema que hoy traigo afecta a todos, seamos o no Administradores aunque también lo hago desde un punto de vista de conocedor por el hecho ser también profesional de la abogacía.
Nunca he presentado en éste Blog ningún tipo de reflexion personal, excepto cuando el tema se trata de Loterias, o de aquello que afecta a los Administradores de Loterias, pero creo que el tema que hoy traigo afecta a todos, seamos o no Administradores aunque también lo hago desde un punto de vista de conocedor por el hecho ser también profesional de la abogacía.
El tema se basa en la nueva tasa que se va imponer a aquel que quiera presentar una demanda, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo, y en algunos casos del Social.
Creo que una de los derechos de los ciudadanos es el tener acceso a que las controversias se solventen por aquellos intermediarios (jueces o magistrados) que ha puesto el Estado con el simple fin, de que la razón (llamado el imperio) de la ley, y decida.
Creo que una de las fundamentales razones para que exista el Estado, por si, es para entre otras cosas, eso mismo, para que no impera la ley del más fuerte, o la ley del oeste (la del más rápido), en la solución de los conflictos.
La tasa que ha propuesto el Ministro de Justicia, hará dificultoso el que los más débiles, desde el punto de vista económico, tengan mayor dificultades al acceso a que el Estado solvente sus controversias por la vía pacífica, con lo cual los más fuertes podrían de esta debilidad tener una ventaja en el momento del establecimiento de las normales relaciones civiles, así como también lo podrían tener los poderes administrativos.
Es también un derecho fundamental el derecho a que un asunto pueda ser revisable por una segunda instancia, es decir, la existencia del derecho a apelación de una sentencia.
Aquí también se quiere imponer una tasa.
Los letrados estamos acostumbrados a que la revisión de la sentencia haga que el Órganos superior cambie lo dicho en la primera instancia, revocando la misma e imponiendo una nueva.
Este derecho forma una parte del total del derecho al acceso a los tribunales que el mandato constitucional nos obliga a todos, es por ello, que junto a muchos compañeros abogados, junto con muchos fiscales, jueces y magistrados, estamos en contra de la publicación de la normativa.
Si la función de la ley de tasas judiciales, es crearlas para que existan menos pleitos, puede que lo consiga, pero de saltándose a mi entender los derechos fundamentales que en el año 1978 nos hemos dado los españoles.
Debería ser un orgullo el que las controversias en España se diriman en los juzgados o en el arbitraje, señal inequívoca de que confiamos en la independencia de los jueces y magistrados, que el poder judicial funciona y es solvente.
Esta solución es muy típica en España: Cuando una carretera tiene muchos accidentes se pone señales de carretera peligrosa, se ponen Agentes para que pongan multas, en vez de arreglarla para que no se produzcan los accidentes.
Y como final tan solo desear, que como decimos en Galicia, "O Sentidño" impere también en la cabeza del Señor Ministro.
Un saludo a todos
